Lunes, 13 de Abril del 2026
El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez: un caso que entra en su fase decisiva
La decisión se recoge en un auto que pone fin a casi dos años de investigación. En él, el magistrado considera que existen indicios suficientes para que Gómez sea juzgada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida .
El delito de intrusismo profesional, que también formaba parte de la investigación, ha quedado finalmente descartado por falta de pruebas consistentes .
Un cierre que abre el camino al juicio
El auto del juez no es una sentencia, pero sí un paso decisivo. Con la instrucción ya concluida, las partes disponen ahora de un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral .
La causa, además, podría acabar siendo juzgada por un jurado popular, una opción que el propio magistrado ha vuelto a plantear en esta fase del procedimiento .
El movimiento judicial sitúa el caso en un nuevo escenario: el de la posible celebración de un juicio que, de producirse, tendría un fuerte impacto político e institucional.
El núcleo de la investigación
El origen del caso se remonta a 2024, cuando se abrió una investigación en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez, especialmente vinculada a su papel en una cátedra de la Universidad Complutense.
Según el juez, Gómez habría utilizado su posición y su relación con el presidente del Gobierno para influir en decisiones y obtener beneficios en el ámbito empresarial y académico .
El auto sostiene que existió un “aprovechamiento de su posición relacional” que habría favorecido determinados proyectos y actividades vinculadas a su entorno profesional .
En la causa también han sido procesados la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, señalados como partícipes en los hechos investigados .
Un caso rodeado de controversia
Desde su inicio, la instrucción ha estado marcada por la polémica. La Fiscalía y la defensa de Gómez han sostenido reiteradamente que no existen indicios penales suficientes, solicitando el archivo de la causa en distintas fases del proceso .
Por su parte, el juez ha mantenido la investigación, ampliando el foco de los hechos a lo largo del tiempo hasta llegar al procesamiento.
El origen mismo del caso —una denuncia impulsada por organizaciones como Manos Limpias— y las sucesivas decisiones judiciales han alimentado el debate sobre la naturaleza de la causa.
Reacciones políticas inmediatas
La decisión judicial ha tenido un impacto inmediato en el ámbito político.
Desde el Gobierno, la reacción ha sido de rechazo frontal. El Ejecutivo ha criticado la instrucción y ha cuestionado el proceso, mostrando su confianza en que instancias superiores puedan revertir la decisión .
En el lado opuesto, partidos de la oposición han subrayado la gravedad del procesamiento, situándolo como un hecho de gran relevancia política.
El caso, una vez más, se instala en el centro del debate público.
Un momento clave en el calendario político
La resolución del juez llega además en un contexto especialmente sensible, coincidiendo con la agenda internacional del presidente Pedro Sánchez.
El procesamiento de Gómez se ha producido mientras acompañaba al presidente en un viaje oficial a China, lo que ha amplificado su impacto mediático .
No es la primera vez que decisiones judiciales en esta causa coinciden con momentos clave de la actividad política del Gobierno, un hecho que ha sido señalado por el entorno del Ejecutivo.