Martes, 28 de Abril del 2026
La jueza de la DANA da cinco días a Mazón para entregar sus WhatsApp y llamadas
La decisión, adoptada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, vuelve a situar al expresident de la Generalitat en el centro de una investigación que no deja de estrechar el foco sobre las horas clave de aquella jornada. La magistrada quiere conocer con precisión qué llamadas entraron, cuáles salieron y qué mensajes circularon mientras la emergencia avanzaba y la alerta a la población llegaba tarde.
No se trata todavía de una imputación formal. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya confirmó que no investigará penalmente a Mazón al no apreciar, por ahora, indicios sólidos de delito en su actuación durante la gestión de la DANA. Pero la jueza insiste en su relevancia como testigo y considera “incuestionable” su declaración dentro del procedimiento.
El día que sigue sin cerrarse
El 29 de octubre de 2024 continúa siendo el epicentro judicial y político del caso. Las inundaciones arrasaron decenas de municipios valencianos y dejaron una huella de destrucción y muerte que todavía condiciona la vida pública en la región.
Desde entonces, una de las principales preguntas sigue sin respuesta definitiva: qué ocurrió exactamente durante las horas previas al envío de la alerta masiva ES-Alert y quién tomó las decisiones clave mientras el agua ya anegaba calles, garajes y viviendas.
Ahí es donde la jueza quiere mirar con más detalle. El auto ordena comunicar personalmente a Mazón la posibilidad de aportar voluntariamente el listado de llamadas entrantes y salientes de aquel día, así como los mensajes de WhatsApp u otros sistemas de mensajería relacionados con la emergencia. También podrá adjuntar, si lo considera oportuno, las facturas correspondientes a esos registros. Todo ello, en un plazo de cinco días.
La declaración, pendiente de otro recurso
La declaración testifical de Mazón, sin embargo, sigue en pausa.
La magistrada ha decidido aplazar su citación hasta que la Audiencia Provincial de Valencia resuelva el recurso presentado por el propio expresident para personarse en la causa. Mazón solicitó entrar en el procedimiento con los derechos de un investigado, pero la jueza rechazó esa posibilidad al considerar que esa condición resulta incompatible con su papel como testigo.
El argumento judicial es claro: un investigado puede guardar silencio, no responder preguntas o no declarar contra sí mismo; un testigo, no. Y esa diferencia, en una causa como esta, no es menor.
La batalla política sigue abierta
La decisión judicial vuelve a agitar un terreno ya profundamente erosionado políticamente. La oposición mantiene la presión sobre Mazón por su gestión durante la tragedia, mientras el expresident sigue defendiendo su actuación y recurriendo las decisiones judiciales que afectan a su posición procesal.
Cada nueva resolución reabre el debate público sobre responsabilidades, tiempos y versiones contradictorias de aquella jornada. La instrucción avanza entre autos, recursos y declaraciones cruzadas, pero también entre una exigencia social que no se ha apagado: saber qué pasó. Porque en una tragedia con 230 víctimas, el tiempo judicial no siempre coincide con el tiempo de quienes siguen esperando respuestas.
Y ahora, esas respuestas podrían empezar también en un registro de llamadas.